Los indicadores de criminalidad de la primera mitad del año encienden las alarmas de los investigadores policiales debido al marcado agravamiento de la violencia en el espacio público. El incremento del 16% en los homicidios totales se ve reflejado en hechos de extrema gravedad, como las dos balaceras ocurridas recientemente en pleno centro de la capital tucumana. “La intolerancia reina entre los tucumanos. El lugar dejó de generar actos inhibitorios, es decir, un freno”, advirtió un experimentado pesquisa de la fuerza provincial.
Al desglosar los móviles de los crímenes del primer semestre, se evidencia una degradación de los conflictos sociales y criminales:
- Homicidios en ocasión de robo: Se duplicaron respecto al año anterior, registrando una estrecha vinculación con reacciones vecinales de “justicia por mano propia”.
- Crímenes narco: Se duplicaron los asesinatos directamente relacionados con disputas de bandas de narcotraficantes.
- Femicidios: Registraron una suba al pasar de 3 casos en el primer semestre de 2025 a 4 durante el período actual.
En la vereda opuesta, las estadísticas del área de seguridad muestran una reducción de entre el 15% y el 20% en los delitos contra la propiedad. No obstante, las propias autoridades admiten que este indicador posee un margen de error relativo debido a la existencia de una elevada “cifra negra” de hechos delictivos menores que las víctimas optan por no denunciar formalmente.
Récord de decomisos y Tucumán como eje del NOA
El combate a las estructuras de contrabando arrojó un fuerte incremento en las incautaciones. Durante el semestre se confiscaron en la provincia un total de 1.530 kilos de droga, marcando una suba cercana al 65% frente a los 930 kilos del año previo. Esta realidad provincial contrasta con la tendencia de la región del NOA, donde los decomisos generales descendieron un 11%. Sin embargo, los especialistas aclaran que más secuestros suelen traducir un mayor volumen de sustancias circulando por las rutas, de las cuales las fuerzas de seguridad apenas logran interceptar un estimado del 30%.
El informe estadístico (con datos cortados hasta el viernes pasado) detalla los siguientes secuestros:
- Cocaína: Se incautaron 830 kilos, lo que representa un incremento superior al 16%. Por primera vez, en el trimestre de abril-junio, Tucumán decomisó más cocaína que Salta y Jujuy, las históricas puertas de ingreso fronterizo desde Bolivia.
- Marihuana: Se secuestraron 672 kilos, reflejando un salto exponencial del 145% en comparación con el primer semestre de 2025. Los investigadores sospechan que la región comienza a consolidarse como zona de producción, aunque todavía no se desarticularon redes de cultivo a gran escala.
El entramado delictivo detectado en la provincia incluye la desarticulación de una banda que proveía armas a redes criminales internacionales, causas por lavado de dinero vinculadas a la organización transnacional Comando Vermelho y el desmantelamiento de la logística local detrás del reciente secuestro de 470 kilos de cocaína.
Repercusiones políticas y falta de estrategia federal
El escenario local abrió un fuerte debate sobre la coordinación del Estado. Hace poco más de 40 días, los mandatarios del NOA se reunieron en Tucumán para solicitarle formalmente a la ministra de Seguridad de la Nación un sistema de radares para frenar los vuelos clandestinos. Los indicios posteriores confirmaron la urgencia: los 470 kilos de cocaína incautados habrían entrado por vía aérea, hipótesis reforzada por el hallazgo, la semana pasada, de una avioneta narco abandonada en un campo de Cayastacito, Santa Fe.
El avance del crimen organizado generó duros cruces en el arco político provincial. El ex legislador José Orellana sembró la polémica al criticar la cobertura mediática del operativo de los 470 kilos y sostener que no es rol de los funcionarios municipales indagar si los vecinos participan en redes ilícitas. En contraposición, diversos sectores recordaron que todo funcionario público tiene la obligación legal de denunciar anomalías patrimoniales injustificadas.
Por su parte, los legisladores José Cano y Gerónimo Vargas Aignasse coincidieron en que la amenaza de que Tucumán se consolide como un centro de acopio estructural exige respuestas urgentes. Ambos dirigentes reclamaron el fortalecimiento inmediato de las tareas de inteligencia criminal y la creación de brigadas especializadas enfocadas en desentramar los eslabones financieros y las redes operativas de las organizaciones en la provincia.
