El bloque oficialista salió a bancar con fuerza a la intendenta y cruzó al alfarismo por la presentación penal contra cinco secretarios municipales. Aseguraron que la demanda de la concejala Ana González no tiene sustento jurídico y que solo busca “desprestigiar” la gestión con fines electorales y mediáticos.
El clima político en la capital tucumana sigue levantando temperatura. Después de la denuncia penal que sacudió al gabinete de Rossana Chahla por contratos directos con cooperativas, el bloque peronista del Concejo Deliberante cerró filas para respaldar a la administración municipal y lanzar una dura contraofensiva política contra el alfarismo.
A través de un comunicado, la bancada de “Peronismo de la Capital”, que lidera Ernesto Nagle, aseguró que la demanda impulsada por la edil Ana González (Partido por la Justicia Social) es falsa y maliciosa. “Su único objetivo es intentar desprestigiar la imagen de una gestión transparente, íntegra y profundamente comprometida con los vecinos”, afirmaron, acusando a la oposición de querer “posicionarse mediáticamente” en lugar de trabajar por la ciudad.
El documento llevó el gancho de los ocho concejales del oficialismo local: Ernesto Nagle, Fernando Juri (presidente del cuerpo), José María Franco, Hugo Andina Lizárraga, Emiliano Vargas Aignasse, Facundo Vargas Aignasse, Eduardo Molina y Gonzalo Carrillo Leito. Para defender el manejo de las cuentas, los ediles argumentaron que el municipio está bajo auditorías permanentes y destacaron que la gestión cuenta con reconocimientos de organismos como Bloomberg Philanthropies, la Red de Innovación Local (RIL) y las normas IRAM, además de tener herramientas públicas como el portal de datos abiertos y el Boletín Oficial digital.
Cruces individuales y la justificación de los contratos
Más allá del texto firmado en conjunto, varios concejales salieron a hablar por su cuenta para pegarle a la oposición y defender las contrataciones directas por $2.700 millones de pesos que están bajo la lupa de la Justicia:
- Gonzalo Carrillo Leito: Justificó los mecanismos de contratación al señalar que se hicieron bajo la emergencia ambiental. “Todo lo que la actual gestión lleva adelante es una situación crítica producto de todo lo que antes no se hizo”, tiró.
- Ernesto Nagle: Apuntó directo contra González por haber pedido ser querellante en la causa, asegurando que eso demuestra que “no piensa en la política de gestión, sino solo en su instalación personal en los medios”.
- En otras oportunidades, además, también se expresaron Franco, que aseguró que en la denuncia “hay muchas cosas que son falsas”; Facundo Vargas Aignasse, que planteó que “hay mucha puesta en escena y poca honestidad política”; y Emiliano Vargas Aignasse, que señaló que se trata de “denuncias mediáticas con más intención política que sustento jurídico”.
- Cristian Abel (Acción Vecinal): Se sumó al apoyo al oficialismo y definió las demandas como “operaciones políticas que solo buscan el desprestigio”.
El pedido de prudencia desde el gabinete
En medio de los idas y vueltas entre los distintos sectores del Concejo, quien aportó una postura un poco más cauta fue Carlos Arnedo, exconcejal y actual secretario de Movilidad Urbana de la capital. El funcionario pidió dejar trabajar a los jueces y bajar los decibeles de la pelea política: “No corresponde prejuzgar ni utilizar denuncias judiciales para generar operaciones políticas. Lo importante es que se investigue con profundidad y que se esclarezca cada situación”, cerró.
