Las negociaciones entre el Gobierno nacional y las universidades públicas sumaron un nuevo capítulo en medio del conflicto por el financiamiento del sistema educativo superior. Aunque ambas partes lograron acercar posiciones en materia económica, las conversaciones quedaron trabadas por una exigencia del Poder Ejecutivo que los rectores rechazaron de manera categórica.
La propuesta oficial contempló una recomposición salarial del 24,3% para docentes y no docentes universitarios, con el objetivo de compensar el atraso acumulado hasta mayo. Según el esquema planteado, el 21,3% se abonaría con los salarios de junio, mientras que el 3% restante se liquidaría en octubre. Además, se planteó la creación de una comisión técnica paritaria con reuniones periódicas para monitorear la evolución de los ingresos.
El ofrecimiento también incluyó un incremento del 50% para las becas Manuel Belgrano, una actualización del 20% en los gastos de funcionamiento de las universidades y un refuerzo extraordinario de $50.000 millones destinado a hospitales universitarios. A esto se sumó la discusión sobre la distribución de otros $79.000 millones vinculados al sostenimiento de guardias médicas.
Pese a considerar que la oferta económica era razonable, las autoridades universitarias rechazaron la principal condición impuesta por la Casa Rosada: retirar la demanda judicial presentada ante la Corte Suprema por el financiamiento del sistema universitario.Los rectores sostienen que la acción judicial constituye una garantía institucional para exigir el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso, que establece actualizaciones periódicas de salarios y becas en función de la inflación.Desde el Gobierno argumentan que la aplicación plena de esa normativa tendría un costo estimado de 2,5 billones de pesos y pondría en riesgo el equilibrio fiscal que impulsa la administración de Javier Milei.
Ante la falta de acuerdo sobre este punto, las negociaciones quedaron estancadas y el conflicto continúa abierto, mientras la Corte Suprema mantiene bajo análisis la demanda impulsada por las universidades.
