Con una tasa de suicidios provincial que ya supera la media nacional y un preocupante avance de las adicciones en adolescentes, Tucumán busca reglamentar su propia ley para blindar el 10% del presupuesto sanitario. Mientras tanto, el Congreso debate una polémica reforma centrada en facilitar las internaciones involuntarias.
La República Argentina atraviesa una encrucijada crítica en materia de salud mental, definida por un incremento del 21,6% en la tasa de suicidios a nivel nacional durante el último año. En este escenario, la provincia de Tucumán presenta una realidad sumamente compleja.
Con 227 víctimas de suicidio en 2025, la tasa provincial de 13,5 por cada 100.000 habitantes se sitúa significativamente por encima del promedio federal (11,8). Este deterioro de los indicadores sanitarios impulsó el tratamiento de una nueva Ley de Salud Mental en el Senado de la Nación, que busca facilitar las internaciones involuntarias. En paralelo, en Tucumán el foco se desplaza hacia la urgente reglamentación de la normativa provincial, sancionada unánimemente en septiembre de 2025.
Ambos procesos legislativos intentan dar respuesta a una problemática que se ve agravada por el consumo de sustancias psicoactivas que, en el aglomerado tucumano, comienza a edades cada vez más tempranas.
El debate nacional: internaciones involuntarias
A nivel nacional, el informe anual del Sistema Nacional de Información Criminal (SNIC) confirmó que en 2025 se contabilizaron 5.209 víctimas de suicidio, marcando una tendencia ascendente sostenida. Ante esta explosión de la demanda, el Poder Ejecutivo nacional envió al Senado un proyecto para modificar la Ley 26.657.
La reforma nacional introduce cambios operativos profundos:
- Reemplaza el término “padecimiento mental” por “afección o trastorno de salud mental”.
- Flexibiliza las internaciones forzosas: ya no exige un “riesgo cierto e inminente”, sino que basta con advertir un riesgo grave de daño para la vida o la integridad física.
- Permite explícitamente las internaciones en hospitales especializados en psiquiatría, revirtiendo la prohibición de crear nuevos centros monovalentes.
Suicidio y el flagelo del consumo precoz en Tucumán
La situación de Tucumán revela un incremento de la vulnerabilidad. Según el SNIC, la provincia pasó de una tasa de suicidios de 12,0 en 2024 a 13,5 en 2025, lo que representa una variación del 13,3% en la cantidad de hechos consumados.
Los expertos vinculan directamente este fenómeno con los consumos problemáticos, que mutaron drásticamente en las aulas. Según el Séptimo Estudio Nacional sobre Consumo de Sustancias Psicoactivas de la SEDRONAR, el panorama en los estudiantes secundarios tucumanos es alarmante:
- 72,5% probó bebidas energizantes.
- 68,7% consumió alcohol, siendo la sustancia predominante.
- 32% experimentó con cigarrillos electrónicos (superando al 26,6% del tabaco tradicional).
Lo más grave es la precocidad del inicio: el consumo de energizantes promedia los 12 años y el de alcohol los 13. Más de la mitad de los estudiantes tucumanos inician estas prácticas antes de los 15 años, un entramado asociado frecuentemente a trastornos que derivan en intentos de suicidio.
La lucha por el presupuesto y la reglamentación local
A diferencia del enfoque de internación forzosa que prima en la Nación, la Ley Provincial de Salud Mental de Tucumán pone el énfasis en un abordaje interdisciplinario y comunitario. Promueve el programa “Volver a Casa”, orientado a la reintegración de pacientes internados por razones sociales a entornos ambulatorios.
El punto de mayor tensión radica en el financiamiento. La ley tucumana asume el compromiso de asignar al menos el 10% del presupuesto de salud a estas problemáticas, una meta históricamente esquiva.
Ante lo que el ministro de Desarrollo Social, Federico Masso, califica como un “abandono de políticas de prevención” por parte del Gobierno nacional, Tucumán impulsa la pronta reglamentación de su ley. El jueves, Masso y el presidente subrogante de la Legislatura, Sergio Mansilla, se reunieron con referentes del Colegio de Psicólogos para acelerar los dispositivos sociocomunitarios.
“Estamos atravesando una coyuntura difícil, donde el Gobierno nacional ha abandonado políticas públicas vinculadas a la prevención. Por eso la Provincia está dispuesta a hacer un esfuerzo adicional para fortalecer estos dispositivos”, sentenció Masso.
Por su parte, Fabiana Lavaque, integrante del Colegio de Psicólogos, destacó que la reglamentación es clave para combatir el incremento de conductas de riesgo en la población adolescente: “Hemos insistido en la promoción y el abordaje comunitario porque entendemos que esa es la línea en la que nuestra provincia puede avanzar”.
