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Después de tres años de conflicto, el Gobierno y las universidades firmaron un acuerdo por el financiamiento

Después de más de dos años de enfrentamientos, marchas, paros y reclamos por el financiamiento universitario, el Gobierno nacional y las universidades lograron acercar posiciones y alcanzaron un acuerdo que busca descomprimir uno de los conflictos más prolongados de la gestión de Javier Milei.

La propuesta contempla una recomposición salarial del 24,33% para docentes y no docentes universitarios, distribuida en dos tramos: un 21,33% a partir de julio y un 3% adicional en octubre. Según lo informado por las partes, el incremento incluye puntos pendientes de actualización correspondientes a 2024 y 2025, además de una compensación por la pérdida acumulada durante los primeros meses de 2026.

El entendimiento llegó luego de una extensa negociación entre el Gobierno nacional y los rectores de las universidades públicas, que durante los últimos años advirtieron sobre el deterioro salarial del personal y las dificultades presupuestarias para sostener el funcionamiento de las casas de estudio.

Sin embargo, el acuerdo económico no implica el cierre definitivo de la disputa. Los rectores confirmaron que mantendrán la demanda judicial que tramita ante la Corte Suprema por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, aprobada por el Congreso pero aún sin implementación efectiva.

Además de la recomposición salarial, el acta incluye el compromiso oficial de evitar que los ingresos del sector vuelvan a quedar rezagados frente a la inflación durante lo que resta del año.

Más fondos para becas y hospitales universitarios

El acuerdo también incorpora otras demandas que las universidades venían planteando desde hace meses.

Entre ellas figura un aumento del 50% en las Becas Manuel Belgrano, destinadas a estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico del país.

A eso se suma una partida extraordinaria de $50.000 millones para hospitales universitarios, una de las áreas más afectadas por las restricciones presupuestarias y cuyo funcionamiento había sido señalado como prioritario por los rectores durante las negociaciones.

La situación de los colegios preuniversitarios

Otro de los puntos abordados fue la situación de los docentes de los establecimientos preuniversitarios, donde el impacto de la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) profundizó la pérdida del poder adquisitivo.

Por ese motivo, las partes acordaron continuar las conversaciones específicas para ese sector en futuras reuniones paritarias.

Aunque todavía quedan diferencias por resolver en el plano institucional, el acuerdo representa el primer entendimiento de alcance nacional entre el Gobierno y las universidades luego de más de dos años de conflicto y abre una nueva etapa en una relación que estuvo marcada por la tensión desde el inicio de la gestión libertaria.

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