La investigación judicial por presunto enriquecimiento ilícito contra Francisco Adorni sumó un nuevo capítulo luego de que el fiscal federal Guillermo Marijuan solicitara a la Oficina Anticorrupción la última declaración jurada presentada por el legislador bonaerense de La Libertad Avanza.
La medida forma parte de una causa que busca reconstruir la evolución patrimonial del dirigente desde su llegada a la función pública nacional y determinar si existen inconsistencias entre los ingresos declarados, sus bienes y sus obligaciones financieras.
Según la documentación presentada ante la Oficina Anticorrupción, Adorni realizó una nueva rectificación de su declaración jurada. En esta oportunidad informó que el 50% de la valuación de una vivienda ubicada en City Bell asciende a $52,6 millones, una cifra menor a los $67,5 millones que había consignado en una corrección realizada durante mayo.
Además, incorporó cinco cajas de ahorro en las que declaró un total de $2 millones. En una presentación anterior también había informado el ingreso de una herencia valuada en $21 millones.
La causa se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py y tuvo origen en una denuncia impulsada por la diputada Marcela Pagano, quien señaló posibles inconsistencias en la evolución patrimonial del funcionario desde su desembarco en la administración nacional tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia.
En las últimas semanas, el expediente avanzó con nuevas medidas de prueba ordenadas por el juez federal Sebastián Casanello a pedido de Marijuan. Entre ellas se realizó un procedimiento en el Ministerio de Defensa para recopilar información sobre los cargos ocupados por Adorni desde 2023, las designaciones recibidas y los ingresos percibidos durante ese período.
La fiscalía también requirió documentación vinculada a sus declaraciones juradas patrimoniales, historial salarial, posibles retenciones y actos administrativos relacionados con sus nombramientos. Para Marijuan, estos datos son claves para establecer si existieron variaciones patrimoniales que no puedan ser justificadas.
La investigación se concentra especialmente en el período iniciado en diciembre de 2023, cuando Francisco Adorni comenzó a desempeñar funciones dentro del Poder Ejecutivo nacional. El objetivo es determinar si hubo un incremento patrimonial que no guarde relación con los ingresos declarados.
Como parte de las medidas adoptadas, la Justicia dispuso el levantamiento del secreto fiscal y bancario del legislador bonaerense. Esto permitió acceder a información tributaria y financiera vinculada a cuentas, depósitos, movimientos bancarios y otros registros económicos.
Además, la fiscalía solicitó informes a más de 30 organismos públicos, entre ellos ARCA, AGIP y ARBA, para obtener datos sobre declaraciones impositivas, bienes registrables, operaciones económicas y situación tributaria.
El Banco Central también recibió requerimientos para informar sobre cuentas bancarias, transferencias, plazos fijos, tarjetas y eventuales cajas de seguridad. A su vez, la Dirección Nacional de Migraciones deberá aportar información sobre los viajes realizados por Adorni al exterior y los acompañantes registrados en esos desplazamientos.
Las rectificaciones realizadas durante los últimos meses modificaron varios aspectos de su patrimonio declarado. En una de ellas incorporó la herencia de $21 millones y corrigió el detalle de una deuda hipotecaria. Mientras que inicialmente había informado un pasivo de $130 millones al inicio del período, luego indicó que el monto real era de $45 millones. Al cierre del ejercicio mantuvo declarada una deuda de $57 millones.
Con esos cambios, dejó de registrarse un desendeudamiento de $73 millones y pasó a figurar un incremento de $12 millones en sus obligaciones financieras.
La documentación también refleja modificaciones en los bienes declarados. Durante 2025 dejó de informar una camioneta Chery Tiggo y pasó a declarar el 50% de titularidad de una Jeep Renegade valuada en $10,7 millones. También mantuvo la declaración correspondiente a la mitad de una vivienda ubicada en City Bell.
Francisco Adorni fue titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa y posteriormente asumió la conducción del Instituto de Ayuda Financiera para Pago de Retiros y Pensiones Militares (IAF). Más tarde encabezó la lista de La Libertad Avanza en la Octava Sección Electoral bonaerense y obtuvo una banca en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires.
La causa que lo involucra avanza de manera independiente al expediente que investiga a Manuel Adorni por presunto enriquecimiento ilícito. En ambos casos, la Justicia analiza declaraciones juradas, movimientos patrimoniales y la evolución de bienes vinculados al entorno familiar del jefe de Gabinete.
