El concejal de San Miguel de Tucumán por la Unión Cívica Radical, José María Canelada, lanzó duras críticas al manejo institucional del transporte público de pasajeros tras la sesión en la que se aprobó un incremento del 36% en el precio del boleto. En diálogo con Bisturí | Periodismo al Hueso, el edil —quien junto a su par de bancada, Gustavo Cobos, lideró el rechazo a la medida— celebró que la votación haya sido reñida. Canelada arremetió contra la intendencia y la mayoría oficialista por limitarse a ser la “caja de resonancia” de los diagnósticos empresarios en lugar de ejercer su rol de control, denunció presiones mediante cartas documento extorsivas enviadas por las patronales al cuerpo legislativo, y exigió la inmediata remisión de pliegos para un llamado a licitación nacional e internacional que dote de transparencia jurídica a un sistema metropolitano hoy sumido en la precariedad absoluta.
El quiebre de las mayorías automáticas en defensa del usuario
Para Canelada, el escenario de paridad registrado en el recinto representa un avance frente a la dinámica legislativa de periodos anteriores, permitiendo visibilizar el hartazgo del eslabón más desprotegido del sistema:
“Ha sido una sesión respecto del debate del boleto relativamente larga, con muchas intervenciones, y eso me parece positivo. Inicialmente, éramos solamente dos concejales los que votábamos en contra: con Gustavo Cobos nos pareció absolutamente natural, pero luego nos enteramos de que no era lo común y que en el Concejo generalmente las votaciones de aumento se daban por unanimidad. Siento que el hecho de que otros concejales se hayan sumado a esta posición de defensa del usuario y de crítica a la calidad del servicio es un paso adelante. Ir a discutir únicamente el precio de un boleto es un debate incompleto, parcial, y que solo le interesa a uno de los actores de la ecuación. Acá viene estando ausente del debate el verdadero dueño del servicio, que no son los empresarios ni los políticos: son los usuarios. El servicio público tiene razón de ser en la medida en que garantiza derechos asociados: el del laburante que espera el bondi a la mañana para ir a trabajar, el del estudiante que va a la escuela o el del jubilado que asiste a un hospital”.
El edil destacó la coherencia de sostener el voto negativo ante las falencias cotidianas de las líneas urbanas: “Celebro que haya sido reñida la votación porque cuando en los órganos colegiados hay mayorías automáticas, y además la oposición no actúa como tal, las instituciones fallan. Ayer se habló de cómo no se cumplen las frecuencias, de los coches rotos, de cómo la gente pasa frío en invierno. Antes escuchábamos muchas voces que decían lo mismo en los micrófonos pero después levantaban la mano a favor de las empresas; que ahora más voluntades se hayan plantado firmes me parece una pauta excelente”.
La responsabilidad del oficialismo frente al “llanto” empresarial
Frente al argumento de que rechazar la tarifa empuja indefectiblemente a la provincia a paros de transporte por el desfasaje inflacionario, el concejal radical ubicó la responsabilidad política en la gestión ejecutiva municipal y provincial:
“Es verdad que estamos en un proceso inflacionario, pero el oficialismo tiene una responsabilidad que va mucho más allá de decidir por el aumento o no de una tarifa. Controlar la calidad del transporte es un resorte directo del municipio, que pertenece al mismo espacio político que la mayoría del Concejo. Garantizar que el servicio sea digno es su tarea, como lo es también garantizar auditorías serias para que los empresarios dejen de llorar cada cinco meses con que se están fundiendo. No es un discurso nuevo; lo he escuchado durante los gobiernos anteriores cada vez que aparecen a pedir plata. Nos quieren hacer creer que los subsidios salen del bolsillo de ‘papá Jaldo’ o de su patrimonio personal, pero no es así: se financian con fondos públicos, con el dinero de los contribuyentes. Una de las cosas que demoró el debate en comisión fue, justamente, las profundas dudas sobre la veracidad de los informes de costos que enviaban las empresas. Hay que ponerle creatividad, buena fe e ideas a la gestión pública”.
Pliegos fantasmas y el recuerdo de la campaña electoral de 2023
Canelada denunció una dilación deliberada por parte de la intendencia en el envío de los pliegos de bases y condiciones para normalizar las concesiones, arriesgando una hipótesis sobre los compromisos políticos cruzados entre el poder político y las firmas del sector:
“En la sesión de ayer pedí la reserva de cuatro expedientes que desde el año 2024 no logramos que se habiliten para tratamiento, y que contienen proyectos nuestros orientados a reformar el transporte y exigir los pliegos que nunca llegan. La normativa vigente establece con claridad que la elaboración de los pliegos es responsabilidad exclusiva del Poder Ejecutivo. Hoy tenemos líneas operando en una situación de total precariedad jurídica. Cada vez que al Ejecutivo le ponen un micrófono contestan que ‘ya están listos’, que ‘están haciendo un diagnóstico’, y los concejales oficialistas prometen una reforma fabulosa que jamás se materializa. Cuando uno se pregunta en voz alta por qué no avanzan teniendo las herramientas de control, las multas y la facultad de dar de baja las concesiones, es imposible olvidar lo que pasó en el año 2023: la gran mayoría de las unidades de colectivos en San Miguel de Tucumán se transformaron en unidades básicas que hacían campaña abierta por Sergio Massa, alineado con Manzur. El propio Jorge Berreta salió a defender el derecho de las empresas a hacer política. Cuando no hay respuestas y las soluciones se patean permanentemente, uno empieza a mirar las cosas con desconfianza”.
Intimidación al Concejo y la necesidad de una mirada metropolitana
Finalmente, el concejal expuso un hecho de gravedad institucional ocurrido durante el análisis preliminar de la tarifa y abogó por abordar el transporte como una problemática que excede los límites fronterizos de la Capital:
“Ayer conté en el recinto algo de lo que me enteré durante la misma sesión y le pedí al presidente de la comisión de Transporte que me facilitara el documento: los empresarios le enviaron una carta documento al Concejo Deliberante pretendiendo dictarle pautas a los concejales. Les decían qué documentación debían analizar, cuál no porque supuestamente ‘no estaba bien’, y les exigían que resuelvan rápido, cuestionando que el cuerpo se tomara el tiempo necesario para debatir los montos y la veracidad de sus declaraciones. Los firmantes se consideraban por encima del órgano democrático elegido por los vecinos; ese es el nivel de locura con el que se manejan. Con Gustavo Cobos no vamos a ceder: ingresamos notas y proyectos de resolución exigiendo al municipio un cronograma de regularización para que se abra una licitación pública nacional e internacional amplia, donde los empresarios que tengan espalda e intenciones reales de invertir compitan libremente. Así como coordinamos el tratamiento de residuos sólidos urbanos o el medio ambiente, el transporte tiene un efecto dominó innegable. No hay derecho a seguir haciendo macanas con la vida de la gente; hay que tomar decisiones responsables que impacten positivamente en los servidores del futuro”.
