Los pasillos de los tribunales federales de la provincia se transformaron en un verdadero polvorín judicial. Lo que inicialmente fue presentado como un “operativo de limpieza y ordenamiento edilicio” en el histórico inmueble de calles Crisóstomo Álvarez y Chacabuco derivó en un escándalo institucional sin precedentes: una denuncia penal formal que acusa a jueces federales de ordenar el vaciamiento, descarte y destrucción de evidencias e insumos críticos pertenecientes a causas penales de enorme envergadura regional que aún no cuentan con sentencia firme.
La presentación, que detonó una feroz interna de poder en los despachos más altos del fuero, fue radicada originalmente ante el fiscal federal Agustín Chit por el secretario de Cámara Hugo del Sueldo Padilla —quien ostenta la custodia legal de esos depósitos desde hace 33 años— y quedó posteriormente bajo la órbita de la fiscalía de Rafael Vehils Ruiz.
La entrega de llaves bajo protesta y el conflicto con los jueces
El conflicto de competencias y las tensiones internas se desataron a comienzos de mayo con la incorporación al cuerpo del tribunal de la jueza subrogante cordobesa Cristina Giordano. De acuerdo con la denuncia, el clima de hostigamiento escaló el 11 de mayo, cuando los magistrados Ana Carina Farías, Federico Bothamley y la propia Giordano sometieron a un duro interrogatorio a Del Sueldo Padilla por haber frenado un primer intento de personal de Gendarmería Nacional de retirar objetos del subsuelo sin el debido control legal.
Acorralado por la presión de la superintendencia, el histórico secretario entregó los llaveros institucionales de los depósitos bajo protesta legal, aunque plantó una última resistencia: se negó a ceder las llaves de la caja de seguridad que resguarda el expediente y las pruebas vinculadas a la causa del exrector de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT), Juan Alberto Cerisola.
Causa Ale en el camión de la basura y granadas activas sin acta
Los hechos relatados en la presentación judicial por los empleados de la secretaría describen maniobras de extrema gravedad criminal que comprometen la cadena de custodia del tribunal:
- El descarte de la “Causa Ale”: Los trabajadores alertaron que camiones de traslado civil cargaron bultos y documentación crítica pertenecientes al histórico proceso contra el clan Ale. Pese al descontrol, el personal judicial apenas logró rescatar de forma manual un lote reducido de cajas antes de que se las llevaran.
- Granadas activas en el subsuelo: Durante la madrugada del 12 de mayo, el prosecretario Adolfo García detectó que entre los elementos removidos había armas de fuego y dos granadas con la espoleta colocada. Personal de Bomberos retiró los explosivos de urgencia, pero —según la denuncia— la maniobra se realizó en la clandestinidad de la noche y sin confeccionar ningún acta formal de secuestro.
Destrucción de sumarios y sospechas de saqueo de armas y fajos de dinero
La denuncia penal va a fondo y expone maniobras directas de encubrimiento y presuntos robos calificados durante los fletes de evacuación. Del Sueldo Padilla acusó a la jueza Giordano de haber rompido de forma manual la carátula de un sumario interno que él mismo intentaba confeccionar para dejar asentadas las anomalías que estaban ocurriendo en el edificio.
Por si fuera poco, la fiscalía investigará el testimonio del prosecretario García, quien denunció que el personal encargado del transporte en ruta procedió a abrir las bolsas de resguardo judicial durante los trayectos para saquear el cargamento, retirando del interior armas de fuego y pesados fajos de dinero en efectivo que formaban parte de los secuestros de las causas federales. Ante el caos institucional, el fiscal Camuña ya intervino en el expediente exigiendo la confección urgente de inventarios detallados para determinar el faltante real.
