La Cámara de Diputados cerró formalmente un capítulo de casi un cuarto de siglo en la historia financiera del país. En una sesión especial, la cámara baja convirtió en ley la autorización para desembolsar USD 171 millones destinados a cancelar las obligaciones con los últimos tenedores de títulos públicos que permanecían en situación de mora (holdouts) desde la crisis de 2001.
La votación arrojó 139 adhesiones afirmativas frente a 97 rechazos. La sanción definitiva de la norma se alcanzó bajo una marcada presión cronológica, dado que el convenio técnico de conciliación, homologado previamente por tribunales del exterior, fijaba el 30 de junio de 2026 como fecha límite improrrogable para su validación parlamentaria.
Cuál es la distribución de los desembolsos y términos del pacto
La aprobación legislativa destrabará la transferencia de capitales hacia dos firmas de inversión internacionales que no ingresaron a las reestructuraciones soberanas de las últimas décadas. La ingeniería financiera del acuerdo estipula la siguiente asignación de recursos:
Attestor Value Master Fund LP: Recibirá una partida total de USD 104 millones.
Bainbridge Ltd.: Se le asignará un pago de USD 67 millones.
