El gobernador de Tucumán ratificó la necesidad de dotar de gobernabilidad al Ejecutivo nacional con una ley de gastos y recursos, pero advirtió que el proyecto debe modificarse indefectiblemente para garantizar las partidas destinadas a discapacidad y el financiamiento de las universidades públicas como la UNT y la UTN.
En el marco del debate legislativo nacional tras los encuentros mantenidos por los mandatarios del Norte Grande con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, el gobernador Osvaldo Jaldo adoptó una postura firme respecto al proyecto de Presupuesto 2027. Si bien defendió la institucionalidad y la necesidad de que la administración central cuente con una ley de presupuesto para evitar la administración discrecional de partidas por parte de la Jefatura de Gabinete mediante una prórroga, el mandatario provincial condicionó el acompañamiento legislativo a modificaciones sustanciales en áreas clave.
En diálogo con el programa Los Primeros, Jaldo detalló que los equipos económicos provinciales se encuentran analizando minuciosamente el proyecto oficial, y puso el foco en dos puntos críticos: el sistema de prestaciones por discapacidad y el presupuesto universitario. Respecto al primer punto, advirtió que el texto actual no se condice con la recientemente votada prórroga de la ley de emergencia, por lo que exigió su corrección. En cuanto al ámbito académico, remarcó la importancia estratégica que poseen la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) y la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) para la región, exigiendo que sus partidas reflejen “las necesidades reales”.
Asimismo, el titular del Poder Ejecutivo tucumano cuestionó a los sectores que promueven un rechazo automático de la iniciativa sin instancias de negociación parlamentaria. En esa línea, advirtió que rechazar el proyecto sin alternativas deja el manejo discrecional de los recursos en manos del Ejecutivo nacional ante una eventual prórroga del presupuesto vigente. Finalmente, exhortó a los legisladores nacionales por Tucumán a involucrarse activamente en las comisiones de Diputados y Senadores para defender los intereses provinciales.
