El exfiscal federal Gustavo Gómez, fiel defensor del ambiente, cuestionó con dureza la reforma de la Ley 26.639 que se debate hoy en Diputados. Advirtió que la modificación viola tratados internacionales como el Acuerdo de Escazú y tildó de “cómplices” a los legisladores que avalen la entrega de recursos hídricos. “Están respondiendo a una exigencia de multinacionales por supuesta seguridad jurídica”, disparó.
En una jornada crucial para el patrimonio natural del país, el exfiscal Gustavo Gómez pasó por los micrófonos de Bisturí | Periodismo al hueso para analizar lo que considera un retroceso democrático y ambiental sin precedentes. Con la experiencia de haber impulsado causas emblemáticas contra la megaminería, Gómez señaló que la ley actual nunca necesitó reformas, sino voluntad política para ser aplicada.
“Es una ley que en 15 años produjo tanto malestar que nunca se aplicó. Nadie denuncia la destrucción de áreas periglaciares a pesar de que está ocurriendo”, afirmó el exfiscal, quien vinculó la reforma con una presión directa de empresas extranjeras para avanzar sobre zonas hoy protegidas.
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El principio de “No Regresión” y el freno judicial
Uno de los puntos más sólidos del análisis de Gómez fue la inconstitucionalidad de la reforma. Según explicó, el Acuerdo de Escazú —al que Argentina está suscrita— establece el principio de no regresión ambiental: una vez que el país alcanza un nivel de protección legal, no puede volver atrás.
“Seguramente esto será causa de muchos recursos de amparo. Argentina se comprometió internacionalmente a no retroceder en protección ambiental. Estamos en un camino idéntico al de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final: espero que la Corte las anule y los diputados entiendan que son cómplices de la contaminación”, sentenció.
El espejo de Andalgalá y la contaminación en Tucumán
Gómez recordó el caso de Minera Alumbrera como el ejemplo más brutal de lo que sucede cuando se flexibilizan los controles. Rememoró la causa que él mismo lideró cuando el mineraloducto vertía metales pesados en el canal DP2 en Tucumán.
“La megaminería no deja recursos ni trabajo, nos deja pasivos ambientales, conflictos judiciales y contaminación no remediada. Si no, pregúntenle a la gente de Andalgalá”, advirtió, refutando el argumento del progreso económico que esgrimen los sectores pro-mineros.
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Herramientas para el ciudadano: “¿Qué podemos hacer mañana?”
Lejos de la resignación, el exfiscal instó a la ciudadanía y a los grupos ambientalistas a utilizar las herramientas legales vigentes sin esperar los tiempos del Congreso:
- Pedidos de Informes: Cualquier ciudadano puede exigir, bajo el Acuerdo de Escazú, que su provincia detalle qué glaciares y áreas periglaciares están hoy asignados a empresas.
- Acción Penal: Gómez aseguró que, aunque la ley se modifique, los delitos de contaminación (Ley 24.051) siguen vigentes. “No esperemos a que el Presidente apruebe el decreto; las causas penales por contaminación actual se pueden abrir hoy mismo”, enfatizó.
Finalmente, el exfiscal lamentó que se intente presentar el tema como algo lejano a la realidad de la gente. “Estamos hipotecando el futuro por intereses de un sector muy reducido”, concluyó.
