La Cámara de Casación ratificó los motivos del decomiso al rechazar los recursos de la ex- presidente, Máximo y Florencia Kirchner. La Justicia puede avanzar sobre 111 bienes incluidos los de Lázaro Báez.
La Cámara Federal de Casación Penal rechazó ayer los recursos extraordinarios presentados por las defensas de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y los representantes de Máximo y Florencia Kirchner en la Causa Vialidad. Dejó firme el avance de la ejecución patrimonial sobre bienes destinados a cubrir el decomiso ordenado en el expediente por corrupción en la obra pública de la provincia de Santa Cruz.
La decisión fue tomada de forma mayoritaria por la Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Gustavo Hornos, Mariano Borinsky y Diego Barroetaveña, donde convalidaron el criterio adoptado previamente por el Tribunal Oral Federal Nº 2.
El decomiso asciende a $ 684.990 millones y alcanza 111 inmuebles. Lo anterior forma parte de la etapa de ejecución económica de la condena dictada en el expediente, donde Cristina Kirchner recibió seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio del Estado.
Semanas atrás, la condenada ex-presidenta intentó frenar la ejecución patrimonial sobre bienes propios y de sus hijos, con el objetivo de llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) mediante un recurso extraordinario y, eventualmente, una queja directa ante el máximo tribunal.
Los argumentos de la Justicia
En el voto que encabezó el acuerdo, el camarista Hornos sostuvo que “el delito no constituye un título legítimo para generar riqueza jurídicamente reconocida” y defendió el decomiso como mecanismo para impedir que los hechos de corrupción generen beneficios económicos permanentes. Según el magistrado, el caso produjo “un flujo económico de magnitud extraordinaria en perjuicio del erario público”.
La mayoría del tribunal entendió que los planteos de las defensas no demostraron la existencia de una cuestión federal suficiente para habilitar la intervención de la Corte Suprema y consideró que las impugnaciones se limitaron a expresar desacuerdos con decisiones ya revisadas por instancias anteriores.
Barroetaveña coincidió con el criterio de su colega y sostuvo que los recursos no acreditaron arbitrariedad ni una violación concreta de garantías constitucionales. “Las partes se han limitado a expresar su discrepancia con lo decidido”, señaló.
