En un encuentro de bajo perfil y en territorio neutral para evitar la atención de los medios, el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, se reunió este lunes con rectores representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El objetivo de la cita era destrabar el severo conflicto presupuestario que el mes pasado impulsó la última Marcha Federal.
Si bien se lograron consensos en las planillas de recomposición, el diálogo se frustró debido a una condición inapelable impuesta por el Ejecutivo: dejar sin efecto la demanda que exige la ejecución de la Ley de Financiamiento Universitario.
Los detalles de la propuesta económica del Ejecutivo
Según confirmaron fuentes de ambas partes, el ofrecimiento del Gobierno para subsanar el desfasaje financiero constó de los siguientes puntos:
- Recomposición salarial: Un incremento del 24,3% destinado a cubrir la pérdida de una parte de 2024, la totalidad de 2025 y el desfasaje acumulado hasta mayo de 2026. El esquema de pago propuesto fijaba un 21,3% en junio y el 3% restante en octubre.
- Garantías paritarias: La creación de una comisión técnica para evaluar el período adeudado de 2024 y el compromiso de convocar a negociaciones paritarias con una frecuencia trimestral.
- Becas y funcionamiento: Un aumento del 50% en las becas Manuel Belgrano y una suba del 20% para los gastos de funcionamiento generales de las casas de estudio.
- Salud universitaria: Un fondo adicional de $50.000 millones para los hospitales dependientes de las universidades. En sintonía, las instituciones esperan un llamado formal para definir el nuevo criterio de reparto de otra partida superior a los $79.000 millones orientada a estos centros médicos, cuyo congelamiento previo había motivado fuertes protestas por el riesgo de parálisis en la atención.
La encrucijada judicial y el freno a las negociaciones
El punto de quiebre absoluto radicó en la demanda judicial que hoy espera una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Dicha presentación legal exige al Estado el cumplimiento de los fondos para salarios y becas ajustados por el Índice de Precios al Consumidor (IPC), tal como estipula la ley sancionada por el Congreso. Para la Casa Rosada, desembolsar esa cifra —que ronda los 2,5 billones de pesos— atenta directamente contra su pauta de superávit fiscal.
La respuesta de los rectores frente a la exigencia de retirar la denuncia fue unánime y tajante:
“Eso no va a suceder de ninguna manera. No estamos dispuestos a hacerlo y no es modificable esa situación. Condiciones para avanzar hay, pero la pelota está del lado del Gobierno”, enfatizaron las autoridades universitarias en diálogo con TN.
Para los representantes de las academias, la acción judicial funciona como un resguardo institucional irrenunciable y advierten que no existe consenso interno en la comunidad para dar marcha atrás. Asimismo, argumentaron que el propio ofrecimiento oficial deja en evidencia que el Ejecutivo posee los recursos necesarios para resolver el conflicto.
Por el lado del oficialismo, cuestionaron la postura del CIN —conducido por Franco Bartolacci—, señalando que la negativa a ceder en los tribunales responde al temor de perder el apoyo de sus bases, una rigidez que, según el Gobierno, arrastra a todo el sistema hacia “un conflicto sin solución”. Con las cartas echadas sobre la mesa, la resolución de la paritaria queda supeditada a que alguno de los dos sectores resuelva dar el brazo a torcer en los próximos días.
