El debate en torno a la regulación de los contenidos digitales sumó un capítulo de fuerte confrontación en Tucumán. El legislador provincial Walter Berarducci rechazó de forma tajante el proyecto que promueve la creación de una “Medida Cautelar Digital Urgentísima” impulsado por el legislador Gerónimo Vargas Aignasse. Según argumentó, aunque el derecho a proteger el honor y la reputación es indiscutible, el mecanismo elegido viola los principios esenciales de una sociedad democrática.
Berarducci fundamentó su postura invocando el bloque de constitucionalidad federal, citando el artículo 14 de la Constitución Nacional y el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Al respecto, recordó que la normativa vigente establece con claridad que “frente a los eventuales abusos de la libertad de expresión corresponde la responsabilidad ulterior y no la censura”. Para el parlamentario, habilitar la eliminación o bloqueo de contenidos en un plazo exiguo de seis horas y sin un debate judicial pleno resulta totalmente incompatible con estos estándares internacionales.
El riesgo de arbitrariedad en un plazo de seis horas
Uno de los puntos más críticos señalados por el legislador radica en la imposibilidad técnica y jurídica de evaluar la veracidad de una publicación en los tiempos que estipula el proyecto. Determinar conceptos complejos como una “imputación falsa de delito” o una “expresión objetivamente injuriante” requiere analizar variables de contexto e interés público que difícilmente puedan resolverse en apenas seis horas.
“Pretender resolver cuestiones de semejante trascendencia en el plazo de seis horas incrementa significativamente el riesgo de decisiones arbitrarias o restrictivas de derechos fundamentales”, advirtió Berarducci en el escrito.
Asimismo, el opositor remarcó que el ordenamiento jurídico nacional, a través del Código Civil y Comercial de la Nación, ya cuenta con herramientas eficaces de prevención del daño, acciones preventivas y mecanismos de reparación integral, volviendo innecesaria la creación de una vía penal excepcional.
El “vacío legal” que amenaza las investigaciones periodísticas
Por último, Berarducci desarmó una de las cláusulas del proyecto: la exclusión de los funcionarios públicos como beneficiarios de la medida. El legislador alertó sobre una peligrosa zona gris en la redacción, ya que la ley no aclara si el bloqueo judicial afectará a un fragmento o a la totalidad de una nota. Dado que las investigaciones periodísticas sobre corrupción suelen involucrar a familiares, socios o contratistas —quienes no están excluidos—, la presentación de cualquiera de estos terceros bastaría para voltear una publicación entera.
En ese sentido, contextualizó la iniciativa dentro de una realidad provincial marcada por el alto blindaje mediático mediante la pauta oficial, el disciplinamiento judicial y la persistente falta de una Ley de Acceso a la Información Pública. “Bajo el argumento de la defensa del honor del ciudadano, se esconde un interés de proteger a los políticos y/o funcionarios ante el escrutinio público”, concluyó, solicitando que el proyecto no avance en el recinto.
