La megacausa por corrupción judicial que sacude a Rosario sumó un nuevo capítulo de alto impacto institucional. Tras la declaración de un arrepentido, se solicitó formalmente la citación a declarar de Héctor Daniel Marchi, quien fuera durante años el administrador general de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
El pedido, realizado por la defensa del operador judicial Santiago Busaniche, incluye medidas drásticas como el secuestro del teléfono de Marchi y que se lo releve del juramento de decir verdad, ante la posibilidad de que sus declaraciones terminen incriminándolo.
El testimonio clave: “El Colorado”
El nombre de Marchi surgió a partir de la declaración de Carlos Vaudagna, extitular de la AFIP en Santa Fe. Según consta en el expediente:
- Vaudagna identificó a Marchi como “el colorado” en una serie de audios y conversaciones mantenidas con Busaniche.
- La Justicia busca determinar si el exfuncionario de la Corte participaba o facilitaba las maniobras de extorsión que se investigan.
- También se pidió citar a la hermana de Marchi y a todo su equipo de trabajo (secretarios y asesores) que se desempeñó en el máximo tribunal desde 2019.
Las medidas financieras bajo la lupa
Además de la citación testimonial, la defensa reclamó que la Unidad de Información Financiera (UIF) intervenga para:
- Rastrear inversiones: Analizar el patrimonio y los movimientos de fondos de Marchi desde 2019 a la fecha.
- Cruces telefónicos: Obtener el detalle de todas sus líneas y comunicaciones para verificar el vínculo con los demás imputados.
El escenario judicial: pedidos de condena
La causa, caratulada como “Bailaque Marcelo Martín y otros”, tiene como principal acusado al exjuez federal Marcelo Bailaque, para quien la fiscalía ya solicitó una pena de 10 años de prisión. Por su parte, para Busaniche se estimó una pena de 6 años por su rol como presunto intermediario.
En el mismo expediente, la Cámara Federal de Rosario confirmó recientemente el procesamiento con prisión preventiva del juez Gastón Salmain y del financista Fernando Whpei, ambos vinculados a una red de coimas y extorsión que operaba en los tribunales federales de la región.
