El Secretario de Movilidad Urbana de la capital tucumana, Carlos Arnedo, lanzó duras críticas contra la dirigencia empresarial del transporte público tras las declaraciones del directivo de AETAT, Jorge Berretta, quien había acusado al municipio de “sangrar” al sector. En los micrófonos de Bisturí, el funcionario municipal desmintió categóricamente cualquier animosidad, detalló la multimillonaria asistencia financiera que sostiene el Municipio y denunció graves irregularidades en la declaración de las flotas y la falta de validez de sus estudios de costos. Asimismo, ratificó la decisión política de la intendenta Rossana Chahla de avanzar con los pliegos de licitación pública nacional e internacional para poner fin a las “tenencias precarias” que rigen desde 2019.
Millonaria asistencia estatal en plena caída de recaudación
Frente al discurso empresarial que sitúa a las firmas locales como “salvadoras” del sistema, Arnedo enumeró los desembolsos y subsidios que la administración de San Miguel de Tucumán inyecta de manera sostenida para sostener la actividad, en sintonía con el Ejecutivo provincial:
“La señora intendenta Rossana Chahla continúa con la misma política pública que lleva adelante el gobernador Osvaldo Jaldo. Subsidia con un monto importante de noviembre para acá de 1.000 millones de pesos. Luego, subsidia la demanda en 525 millones de pesos al sector docente de escuelas municipales y a sus alumnos. Además, se aporta aproximadamente 400 millones de pesos de diciembre para acá para hacerse cargo del 55% de los atributos sociales de distintos sectores que usan la tarjeta SUBE”.
El secretario reveló además que, tras gestiones directas ante el Gobierno Nacional, se logró el reconocimiento de fondos adeudados: “Llegado yo a esta secretaría, hicimos la petición a Nación para que nos reconozca los dineros que no venían llegando de diciembre a mayo; hace dos semanas llegaron 2.200 millones de pesos, de los cuales 770 millones serán reconocidos para ser efectivizados a las empresas con un porcentaje de compensación”. En ese sentido, contextualizó el esfuerzo municipal frente a la crisis: “Hay una baja sustancial de la recaudación fiscal producto de la bajísima cuestión del consumo por decisiones económicas del Gobierno Nacional y la coparticipación federal le ha bajado notablemente al municipio y a la provincia. Decir que los estamos sangrando… aquí nadie está sangrando a nadie”.
Denuncia por subsidios fantasmas y “estudios” sin aval académico
Arnedo fue lapidario al analizar la estructura de costos presentada por los empresarios ante el Concejo Deliberante, acusándolos de falsear datos y de carecer del respaldo institucional de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT) que aducen tener:
“Cuando visité la Comisión de Transporte estuve por espacio de cuatro horas. Comparamos las situaciones que presentaron los empresarios con los datos que manejamos desde el Centro de Monitoreo a través del sistema nacional SUBE, y distan mucho una cosa de la otra. Ellos manifiestan parámetros que les habría elaborado la UNT. Pero no hay un sello de ninguna universidad, pública o privada, ni de ningún colegio de profesionales en ese estudio que dicen que es serio. Tampoco hay ningún académico que acredite tal cuestión”.
Asimismo, el funcionario ventiló una maniobra con el cobro de compensaciones estatales respecto al parque automotor activo en la capital: “Sea el precio que asignen al boleto o el subsidio que se les dé, no les va a alcanzar porque tienen un déficit de arrastre del 70% de cuando las vacas estuvieron gordas e invirtieron los dineros en otras cosas. Hoy el 52% de la flota son modelos viejos (2008 al 2015). Los 377 colectivos que declaran recorren, en el mejor de los casos, 250 en la calle, pero cobran los subsidios por los 377. Este muchacho (Berreta) tiene una equivocación manifiesta, propia de quienes se han acostumbrado a vivir de la teta del Estado”. Para respaldar sus dichos sobre la precariedad del servicio, Arnedo confirmó: “Tengo más de 400 resoluciones emitidas desde que me senté en la secretaría por incumplimiento de frecuencia”.
Consultado sobre la factibilidad legal de remover a los actuales operadores de las 14 líneas urbanas, el titular de Movilidad Urbana aclaró que las empresas no gozan de derechos adquiridos a largo plazo y que el Ejecutivo ya trabaja en el diseño de una nueva ingeniería de transporte:
“Las empresas tienen tenencia precaria desde el año 2019; el Ejecutivo municipal anterior les quitó las concesiones. Además, se lo declaró servicio esencial por ordenanza, pero la esencialidad es para que funcione el transporte público, no para que el Estado les garantice una ecuación económica como ellos pretenden. Esta tenencia precaria, con licitaciones públicas y pliegos de por medio, se va a transformar en concesiones reales y efectivas… Veremos quiénes pueden venir: nacionales, internacionales o provinciales. Este monopolio con este subsidio le ha hecho mal al servicio, reciben 11 o 12 millones de dólares anuales de subsidios y el servicio cada vez está más para atrás”.
Hacia el final, Arnedo dejó un interrogante estructural: “La discusión de fondo es si con un boleto de 2.500, 5.000 o 10.000 pesos y con subsidios millonarios, alguna vez el servicio va a funcionar. Y yo creo que no va a funcionar, porque la estructura de pensamiento y de manejo de estos muchachos es así y no se van a mover de allí porque les ha dado buenos beneficios. En la vida nadie es imprescindible, ni siquiera tampoco ellos”.
