A través de la Resolución 79/2026, la Secretaría de Energía elevó el límite de oxígeno en las naftas. La medida busca que las petroleras incrementen voluntariamente el corte de bioetanol, reduciendo la dependencia del crudo internacional en un mercado donde el litro ya roza los $2.000.
En un intento por amortiguar el impacto de la crisis geopolítica en Medio Oriente sobre el bolsillo local, el Gobierno Nacional oficializó una modificación clave en la normativa de calidad de combustibles. Con el barril de Brent superando la barrera de los u$s100, la Secretaría de Energía, bajo la conducción de María Tettamanti, elevó el límite máximo de oxígeno permitido en las naftas al 5,6%.
Este ajuste técnico tiene un objetivo netamente económico: permitir que las refinadoras incorporen una mayor proporción de bioetanol (hasta un 15%) de manera voluntaria. Al aumentar el componente de origen vegetal en la mezcla, las petroleras pueden reducir la participación del componente fósil, cuyo costo está hoy atado a la volatilidad del conflicto bélico internacional.
El bioetanol como “amortiguador” frente al Brent
La medida no altera el corte obligatorio, pero otorga a las empresas la flexibilidad necesaria para definir una composición más económica. “En la práctica, esto les da a las refinadoras más margen de maniobra. Si optan por más bioetanol, reducen la dependencia del petróleo refinado en la mezcla final”, explicaron desde Energía.
El contexto es crítico: en lo que va de marzo, los combustibles en Argentina ya acumulan un ajuste del 19%, casi duplicando el ritmo inflacionario del último año. La urgencia oficial radica en establecer un “techo” técnico a las subas, dado que el precio del litro de nafta ya se ubica en torno a los $2.000 en gran parte del país.
El peso de la carga impositiva en el surtidor
Más allá del costo del crudo y la nueva composición de las naftas, el precio final sigue condicionado por una estructura tributaria rígida. Un informe de la consultora Focus Market revela que el 46,6% de lo que el consumidor abona en el surtidor corresponde a impuestos nacionales, provinciales y municipales.
En el desglose técnico, de un litro de nafta de $2.000, solo $1.634 corresponden al valor base del producto. El resto se diluye en una compleja red de recaudación que alimenta desde el Tesoro Nacional y la ANSES hasta fondos de infraestructura hídrica y vial. Esta carga impositiva, sumada a la actualización de los tributos a los Combustibles Líquidos y al Dióxido de Carbono, funciona hoy como el principal condicionante de la política fiscal del Palacio de Hacienda.
