Durante más de treinta años he desarrollado mi actividad profesional, empresarial y de inversión cumpliendo con mis obligaciones tributarias, generando empleo, pagando impuestos y contribuyendo al desarrollo económico de Tucumán.
Sin embargo, hoy me veo obligado a hacer pública una situación que considero extremadamente grave, no sólo para mi persona y mi grupo económico, sino para cualquier ciudadano que invierta, produzca o genere actividad económica en nuestra provincia.
La Dirección General de Rentas de Tucumán ha impulsado determinaciones de oficio millonarias pretendiendo gravar dividendos societarios, rendimientos de inversiones financieras y movimientos bancarios plenamente justificados, como si se tratara de una actividad financiera habitual.
Lo que está en discusión ya no es únicamente una cuestión tributaria.
Lo que está en juego es el respeto por la legalidad, la razonabilidad fiscal y la seguridad jurídica.
Se pretende transformar ahorros, inversiones destinadas a protegerse de la inflación y dividendos provenientes de empresas que ya pagan Ingresos Brutos y Ganancias, en una supuesta actividad financiera alcanzada por una alícuota del 9%.
Si este criterio prospera, cualquier profesional, comerciante, empresario, jubilado o ciudadano que invierta sus ahorros para defenderse de la inflación podría encontrarse en la misma situación.
Las utilidades de nuestras empresas ya fueron gravadas por Ingresos Brutos y por el Impuesto a las Ganancias. Pretender volver a gravarlas cuando llegan a los accionistas constituye, en los hechos, una nueva carga sobre la misma renta.
Más preocupante aún es que se utilicen presunciones derivadas de movimientos bancarios para construir ajustes multimillonarios, aun cuando exista documentación suficiente que explica el origen de cada operación observada.
No cuestiono la facultad del Estado de fiscalizar.
Sí cuestiono que esa facultad se ejerza desconociendo la realidad económica, ampliando artificialmente el alcance de los impuestos y colocando a los contribuyentes en una situación de indefensión frente al poder fiscal.
Ninguna sociedad progresa cuando castiga al que invierte, al que produce, al que ahorra o al que genera empleo.
La presión tributaria no puede transformarse en una herramienta que avance sobre el patrimonio de los ciudadanos bajo interpretaciones cada vez más amplias y alejadas del espíritu de la ley.
Por esa razón he decidido ejercer todas las acciones administrativas y judiciales que correspondan para defender mis derechos, los de mis empresas y los principios constitucionales que garantizan la propiedad privada, la legalidad tributaria y la seguridad jurídica.
Este no es solamente mi caso.
Es un debate sobre qué provincia queremos construir: una provincia que promueva la inversión, el empleo y el desarrollo, o una donde la necesidad permanente de recaudar termine debilitando a quienes sostienen la actividad económica.
La sociedad tucumana merece conocer estos hechos y abrir una discusión seria sobre los límites del poder tributario y el respeto a los derechos de los contribuyentes.
*Por Mario Koltan
*Presidente del Grupo Boreal
